29 de julio de 2020

La Plataforma Europa Perú (PEP) manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Espinar, Cusco, a raíz de las protestas de las comunidades aledañas al proyecto minero de Antapaccay, quienes vienen sufriendo los impactos negativos de la minería en la zona por casi 40 años y que actualmente están pasando por una crisis excepcional tras la pandemia de Covid-19

Según informes, el 15 de julio, dirigentes de las comunidades de Espinar llamaron a un paro indefinido debido a la negativa de la empresa multinacional anglosuiza Glencore a aportar un monto económico individual de S/1000 a la población por la crisis económica resultante de la pandemia 1. Para la población, ese monto formaría parte de los compromisos que la empresa ha asumido a través del Convenio Marco, que fue firmado por la minera (en aquellos entonces BHP Billiton) y las comunidades aledañas y la provincia de Espinar en el año 2003.

De acuerdo con información recibida, la fuerza policial y militar ha intentado detener las protestas haciendo uso de bombas lacrimógenas y perdigones, lo que provocó la quema de pastos y el incendio de la casa de bombeo, ubicada en la zona de Camaccmayo. El 24 de julio, también hubo reportes de un enfrentamiento entre agentes policiales y un grupo de jóvenes que se encontraba en la entrada del distrito de Yauri. Los efectivos utilizaron perdigones, armas de fuego y bombas lacrimógenas resultando heridos 5 manifestantes, evacuados al Hospital de Espinar. Dos de ellos serían menores de edad, 17 y 16 años, respectivamente. La doctora Gloria Cárdenas Alarcón, del hospital de Espinar, reportó que 3 personas heridas sufrieron impactos de proyectil de arma de fuego y que ella misma está sufriendo hostigamiento por parte del sistema de justicia por denunciar estos hechos; según informes, ha sido citada por la fiscalía y tres policías se presentaron en su centro de trabajo.

En este contexto, la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos resulta de especial preocupación. Las actividades mineras en la zona han tenido efectos muy adversos para las poblaciones aledañas, que sufren las consecuencias de la contaminación de metales pesados en sus cuerpos y en el agua que consumen o usan para actividades agrícolas 2. Las mujeres han sufrido particularmente los impactos negativos de la minería, tanto en temas de salud, alimentación, trabajo y economía. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar y se han visto más afectadas por abusos de las fuerzas policiales, habiéndose reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual.

Como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social. El pasado 6 de julio, el Tribunal Constitucional de Perú publicó una sentencia histórica reconociendo el derecho a la protesta como un principio fundamental y un derecho en sí mismo.3 La PEP acoge con gran satisfacción esta sentencia y exhorta a las autoridades en el Perú a que se abstengan de utilizar el sistema de justicia para fines coyunturales, como ocurre actualmente en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto, hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido 4, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar. Hay que recordar que las investigaciones fiscales han sido reiteradamente utilizadas en Espinar y en otros casos con el objeto de obstaculizar las actividades de líderes y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, mostramos preocupación ante el inicio de una campaña de desprestigio contra las y los líderes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, que en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.

Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui, CooperAcción y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de diversos canales, han hecho un llamado al diálogo e invocado a las instancias correspondientes a garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, la PEP da la bienvenida a los esfuerzos por reiniciar el diálogo a través de la formación de un grupo de alto nivel para discutir temas fundamentales para la población de Espinar. Es importante señalar que hay una agenda histórica pendiente a resolver en Espinar, como son la revisión y reformulación de un nuevo convenio marco, atender los impactos a la salud y el medio ambiente en las comunidades, la omisión de la consulta previa en los proyectos de Antapaccay y próximamente Coroccohuayco, entre otros temas. Por ello, confiamos que este diálogo tome en cuenta estos pendientes y cumpla con los requisitos que se requieren para ser exitoso, incluyendo garantías para que sea un diálogo horizontal y participativo.

Ante lo mencionado, y en cumplimiento de las recomendaciones que el Relator de la ONU sobre la situación de personas defensoras hizo en enero de este año, en su visita a Perú, instamos a las autoridades peruanas a:

– que cesen los actos de criminalización de la protesta social y de hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos. Además, que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público y se garanticen los derechos humanos de las personas defensoras, en especial su derecho a defender derechos, su derecho constitucional a la protesta, y la protección integral por su labor como defensores/as de derechos humanos ambientales.

– que dispongan la creación de un equipo encargado de investigar de manera inmediata actos de violencia de género física y sexual en agravio de mujeres defensoras, por parte de personal policial, militar, seguridad privada o trabajadores de la  empresa, en el marco de intervenciones a vehículos en la zona y medidas adoptadas por el Estado para mitigar la movilización.

– que se redoblen los esfuerzos para resolver el conflicto de manera pacífica en esta parte de la región Cusco, una zona donde el derecho a la salud y la vida y el derecho a un medio ambiente sin contaminación han sido sistemáticamente vulnerados por parte de la minera Antapaccay, perteneciente a la compañía Glencore.

– finalmente, que el compromiso de iniciar un diálogo por el gobierno y la población se realice de manera pronta y efectiva, sin demoras, como ha sido el caso el último lunes, cuando el diálogo se canceló a último momento por funcionarios del  gobierno nacional, lo cual solo genera más desconfianza en la población local.

1. La pandemia del Covid-19, ha afectado a 48 trabajadores de Glencore, quienes han seguido operando durante la emergencia a pesar de no ser una actividad esencial, lo que ha impactado a pobladores de Espinar quienes viven en su mayoría de la actividad agropecuaria, pequeño y mediano comercio y servicios.
2. Se han registrado 506 personas de 6 comunidades aledañas a la explotación minera de los cuales el 100 % se encuentran con niveles biológicos detectables de metales tóxicos; afectación a la producción agrícola y pecuaria, incremento de la mortandad de animales; la contaminación de los ríos Cañipía y Salado, los polvos del transporte minero y las explosiones de sus operaciones.
3. https://idl.org.pe/tribunal-constitucional-reconoce-por-primera-vez-el-derecho-fundamental-a-la-protesta/
4. El 15 de julio han sido notificados 8 dirigentes de las principales organizaciones de Espinar: Comité de Lucha de Espinar, Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y Construcción Civil Espinar, en vía de prevención del delito por el Ministerio Público por la “comisión de delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Resistencia o desobediencia a la Autoridad, tipificado en el artículo 368° del CP, en agravio del Estado” que tiene un claro objetivo de amedrentamiento, criminalización y desmovilización.

Plataforma Europa Perú

– Asociación pro derechos humanos de España (España)
– Asociación Putumayo (Bélgica)
– Broederlijk Delen (Bélgica)
– Catapa (Bélgica)
– Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)
– Commission Justice et Paix (Bélgica)
– Entraide et Fraternité (Francia)
– Entrepueblos (España)
– FOS (Bélgica) – Informationsstelle Peru e.V. (Alemania)
– Kampagne “Bergwerk Peru
– Reichtum geht Armut Bleibt”, Campaña Perú País Minero (Alemania)
– Peru Support Group (Reino Unido)
– Peru Kommiten for MR (Sweden)
– Secours Catholique (Francia)
– 11.11.11 (Bélgica)

L’any previ a la pandèmia, va ser un dels més rics i prometedors protagonitzats pels pobles en moviment a Amèrica Llatina

Són ben coneguts els grans fets, com l’aixecament indígena i popular a l’Equador a l’octubre, l’esclat a Xile des de novembre, l’onada de mobilitzacions a Colòmbia com no es coneixien des de feia molt de temps, a més del protagonisme popular a Haití i Nicaragua, precedits per les Jornades de juny de 2013 al Brasil i les de desembre de 2017 a l’Argentina.

A l’agost de 2019 el zapatisme va anunciar la seva tercera expansió. Malgrat que les comunitats, municipis autònoms i juntes de bon govern estan envoltades per la meitat de l’exèrcit mexicà, les bases de suport zapatistes han aconseguit trencar el setge ampliant els seus territoris i multiplicant espais de resistència. En un comunicat lliurat el 17 d’agost i signat pel subcomandant Moisès, indígena convertit en portaveu del moviment, anuncia la creació de set nous caracoles i quatre municipis autònoms, que s’anomenen d’ara endavant “centres de resistència autònoma i rebel·lia zapatista”.

El més important és que varis d’aquests centres es troben més enllà de la zona de control tradicional de l’zapatisme, mentre uns altres són als límits d’aquesta zona i reforcen la presència que tenen a la regió històrica des de l’alçament de 1994, quan van recuperar centenars de milers d’hectàrees dels grans terratinents. Ara ja sumen 43 centres zapatistes.

Entre les accions menys visibles però no menys profundes, voldria destacar que el 2019 es va crear la Guàrdia Indígena Comunitària “Whasek Wichi” en l’Impenetrable, al Chaco d’Argentina. Des 2015 funciona el Govern Territorial Autònom de la Nació wampis, al nord de Perú, que abasta 22 comunitats i més d’un milió d’hectàrees amb 15 mil habitants. El mateix camí comencen a recórrer altres tres pobles amazònics.

La lluita dels tupinambà del sud de Bahia (Brasil), els va permetre recuperar 22 hisendes i milers d’hectàrees, tot i la repressió i les tortures als seus dirigents (Fernandes, 2013). El poble maputxe al sud de Xile ha recuperat 500 mil hectàrees per acció directa des de la dècada de 1990, quan es va restaurar la democràcia per arraconar-los amb l’aplicació de la llei antiterrorista heretada de la dictadura de Pinochet, però després aplicada igualment per governs progressistes i conservadors (Zibechi, 2020).

A aquestes experiències podem sumar centenars i potser milers de comunitats autogestionades a tot Amèrica Llatina. Els estudis més afinats mostren que aproximadament la meitat del territori llatinoamericà està en disputa entre el capital transnacional i els pobles, com ensenyen els treballs de l’Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Una veritable guerra per la terra i el territori que travessa cinc segles i s’ha intensificat en les últimes dècades al caliu de l’acumulació per despossessió.

La veritat és que a finals de 2019 els pobles estaven a l’ofensiva, en tota la regió. En primer lloc, cal destacar el nou paper de les dones i, molt en particular, de les dones dels sectors populars, mestisses, negres, pobres. En segon lloc, és notable el creixement de l’activisme popular, rural i urbà, camperol, negre, indígena i de les perifèries urbanes.

L’acció col·lectiva continua per altres camins

Des que la pandèmia del coronavirus va imposar un tall als processos i als moviments llatinoamericans, aquests continuen per altres canals, d’altres maneres i maneres d’actuar. Voldria abordar breument les cinc característiques més destacades que observo en l’acció col·lectiva entre març i maig, després d’intercanviar amb moviments de gairebé tots els països sud-americans, de Mèxic i El Salvador.

El primer aspecte és que es produeix un viratge cap a dins. Potser el moviment que millor ho expressi sigui el Consell Regional Indígena de l’Cauca (CRIC), amb el seu lema d’Una Minga cap Endins. Mentre la Guàrdia Indígena efectua el control territorial, barrant el pas a les persones i vehicles no autoritzats pels cabildos, la minga cap a dins col·loca en primer pla la medicina tradicional i l’harmonització de les persones en el territori.

Les emissores indígenes han esdevingut estratègiques i claus d’aquest procés, ja que segueixen les instruccions de les autoritats territorials. La ritualitat indígena permet enfrontar la pandèmia al combinar les cures amb les seves plantes medicinals i harmonitzar les persones amb la terra i el territori. Es va als llocs sagrats, les llacunes i els erms per revitalitzar els flaires purificadores, recollir les plantes cerimonials i fer els fogons en les comunitats.

Alhora, es treballa per enfortir la comunitat, les autoritats pròpies i les assemblees, entenent que la cura de la salut en els pobles originaris té un fort caràcter col·lectiu, no individual com a les ciutats. Camins similars als del CRIC es poden constatar entre les bases de suport de l’EZLN a Chiapas, entre pobles amazònics com el Govern Autònom de la Nació wampis, entre molts altres.

A les ciutats es funciona de forma diferent, avant posant el barri a l’habitatge familiar. En particular a les viles de Buenos Aires i a les faveles de Rio de Janeiro, la consigna de “Queda’t a casa” no pot funcionar, per la precarietat i l’amuntegament, i perquè els sectors populars sobreviuen en base a la venda ambulant i altres formes d’informalitat o economia popular, cosa que no poden fer si romanen tancats a casa. Per això es va imposar la proposta de “Queda’t al barri”, fent de l’espai col·lectiu al centre de la sociabilitat popular.

La segona tendència dels moviments és l’aprofundiment de l’autonomia alimentària. En totes les experiències registrades, es constata un retorn a la terra, un intent per construir hortes col·lectives autogestionades de caràcter orgànic, en particular en les perifèries urbanes. Es pot dir que constitueix, alhora, un intent per superar les conseqüències econòmiques de la pandèmia, però també un desig de fer-ho en col·lectiu, trencant l’aïllament individual-familiar imposat per l’Estat.

Encara és aviat per saber si aquestes iniciatives perduraran més enllà de l’emergència, però semblen formar part d’un desig d’amplis sectors per abandonar la gran ciutat per “viure millor”, com estan fent milers de migrants andins a Lima (Zibechi, 2020c ). Alguns moviments -com zapatistes i nasas recomanen a les seves bases, no només la intensificació de la producció d’aliments, sinó també la diversificació, com a forma d’assegurar mínims nivells d’autonomia.

La tercera és la creixent territorialització de les resistències. El més nou, és l’aparició d’una multiplicitat d’iniciatives urbanes, com les 200 assemblees territorials formades al caliu de l’esclat a Xile. Durant la pandèmia i l’estat de setge, unes quantes assemblees van optar per posar en peu xarxes d’abastament per fora de mercat, contactant directament amb els productors. Més simptomàtic encara, és la formació ja abans de la pandèmia, però aprofundida ara, d’una xarxa d’abastament feminista, amb el que pot dir-se que el moviment de dones també tendeix, lentament, cap a l’arrelament territorial. A les perifèries urbanes, com succeeix a Temuco (Xile) i a Montevideo (Uruguai), milers de persones han ocupat terres per construir habitatges, en el que suposa un desafiament frontal a la propietat privada i a l’Estat.

Els moviments indígenes són els que amb més vigor han encarat la delimitació i defensa dels seus territoris. L’EZLN en els seus 43 espais a Chiapas, va tancar els caracoles deixant a les comunitats la gestió de les decisions concretes. La Guàrdia Indígena del Cauca, per la seva banda, controla setanta punts d’entrada i sortida dels seus territoris amb al voltant de set mil guàrdies que roten en la tasca. Molts pagesos van bloquejar a tot Amèrica Llatina l’ingrés i sortida dels seus pobles, per assegurar-se que el virus no entrés a les comunitats.

El quart aspecte a destacar és l’aprofundiment dels vincles “a baix -a baix”. El suport dels sindicats uruguaians a les olles populars als barris perifèrics, les donacions d’aliments de productors rurals als pobladors urbans, són tot just una mostra de com durant la pandèmia s’estan estrenyent vincles entre pobres rurals i urbans. Potser l’acció més cridanera, per l’explicitació de la solidaritat, sigui la dels Bañados d’Asunción. Desenes d’olles populars funcionen sota el lema “L’Estat no té cura. Els pobres ens cuidem entre pobres “, en un ampli treball solidari que connecta estudiants i professionals amb pobladors organitzats que viuen en la major pobresa.

Finalment, es pot constatar el retorn i la potenciació de pràctiques ancestrals per fora del mercat capitalista. Entre les poblacions camperoles i indígenes de Bolívia, Colòmbia i Mèxic, es constata la generalització de pràctiques de bescanvi. Es realitzen fires d’intercanvi a punts i dies prèviament acordats, sense moneda, però no s’intercanvien equivalències sinó que cadascú ho fa en base a la necessitat. Estem davant pràctiques que es realitzen des de fa molt de temps, però que enmig de l’emergència sanitària cobren un doble sentit de resistència col·lectiva i d’alternativa al capitalisme.

Raul Zibechi.

Ana Rodarte es mexicana internacionalista, artista y escritora en ciernes. Sus textos han sido publicados en The Mexican Times y Escritoras Mexicanas, así como en la Revista Digital del Instituto Mexicano de la Juventud. Actualmente estudia el Máster en Políticas Públicas de Género de la Universitat de Barcelona.

Ante la realización del Webinar Economía Feminista para no volver a la “normalidad”, organizado por Entrepueblos, transmitido el día 9 de abril del presente año, y en el marco de la materia Mujeres, Tiempos y Vida Cotidiana, Ana Rodarte ha escrito el siguiente artículo. 

A dos ritmos: Una mirada interseccional de la Covid-19 y un hurra por los futuros

¿Por qué añoramos las vidas antes de la pandemia?

Yo miro hacia atrás, hacia la época en la que aún trabajaba en uno de los gobiernos estatales de México, y rezumo estrés y enojo en mi día a día. Estaba presente físicamente, pero no tenía una relación con el resto de la gente. Me absorbían los deberes del trabajo y del hogar, y cuando tenía tiempo para mí, iba a eventos que me interesaban como si fueran una obligación más a cumplir. Lo peor es que, además de ahora saber que yo no soy la única que ha vivido este estilo de vida tan “particular”, he reparado que dentro de mi posición de privilegios, estaba cegada a las realidades de otras mujeres latinoamericanas. Las dobles jornadas laborales –entre el trabajo remunerado y los trabajos de cuidados–, con sueldos míseros y en donde se pone en jaque la salud mental y física es solamente un ejemplo de las miles de vivencias que podemos encontrar a lo largo de América Latina. Y ante el desempleo, el hambre, el mayor riesgo de contagio, es a ellas a quienes la Covid-19 ha precarizado aún más.

Sí, el Covid nos trastocó la vida a todes, pero, como siempre,bajo este sistema capitalista y patriarcal, a unes más que otres.

Cuando “todo pase”, ¿realmente queremos volver a estas dinámicas? ¿Por qué no buscamos repensar, en conjunto, en qué sentidos podríamos cambiar las vidas después del Covid? Este es el planteamiento con el que parte el Encuentro Virtual Economía Feminista para no volver a la “normalidad”: ¡Todas tenemos derecho a vivir dignamente!, en donde cuatro mujeres latinas y una mujer catalana se unieron para interpretar desde una perspectiva feminista las crisis en las que nos encontramos en la actualidad, con un énfasis en las diversos contextos latinoamericanos, y las posibilidades que se abren –y que podemos alcanzar- para el futuro pos-Covid.

En un primer momento, se establecieron las líneas teóricas sobre las que iban a versar los diálogos desde la voz de Cristina Carrasco, economista chilena, quien destacó la urgencia de reconocer la vulnerabilidad de todas las vidas, para darle la relevancia que merecen los trabajos de cuidados realizados por las mujeres, y que continúan sosteniendo este sistema en crisis. En el mejor de los casos, la doble presencia femenina (Torns, 2008) se ha visto reducida a un único espacio, en donde las responsabilidades socialmente impuestas sobre las mujeres impiden ahora por completo que incluso cuenten con un lugar físico para ellas mismas fuera de la dicotomía productiva/reproductiva.

Posteriormente, la economista colombiana Natalia Quiroga brindó un recorrido del abordaje de distintos gobiernos latinoamericanos hacia la crisis del Covid, en donde el denominador común es el aprovechamiento de esta coyuntura mundial para implantar lógicas de guerra y represión social generalizadas. Lo anterior lo ejemplificó con los recortes dados a los derechos sociales; el asesinato de líderes comunitarios; los discursos oficiales que refuerzan los roles de género sobre las mujeres –específicamente aquellos referentes a los cuidados–, además de enfatizar el alza existente en la violencia contra las mujeres en la actual etapa de confinamiento.

Asimismo, Verónica Gago, periodista y académica argentina, remarcó tres puntos de reflexión que continúan en diálogo ante las realidades actuales. Con ello, denunció la propagación de las deudas y la precariedad a la que nos hemos tenido que enfrentar todes; la necesidad de no olvidar con vistas al futuro que lo doméstico es imprescindible, y los desiguales estilos de vida entre clases socioeconómicas, los cuales han sido visibilizados con crudeza en estos últimos tiempos.

Enseguida se dio paso a escuchar la voz de Carmen Juárez, co-fundadora hondureña de la Organización Mujeres Migrantes Diversas en Barcelona, quien a través de una mirada divergente a las anteriores intervenciones, aterrizó el panorama de una de las realidades que encajan con la última afirmación de Gago: aquel de las mujeres racializadas que realizan trabajos precarizados ahora esenciales. Es aquí donde Juárez demostró que la teoría verdaderamente se encarna en los cuerpos de las empleadas de servicios domésticos que “cuidan de la vida en situación de explotación”, la cual ahora es notoriamente exacerbada.

Finalmente fue Trinidad Cuesta, activista catalana en el sector de la salud, quien cerró el encuentro. Así como lo hizo Juárez, Cuesta habló desde un plano vivencial. Puso énfasis en los recortes realizados en los últimos años al sistema sanitario catalán. Como consecuencia de ello, únicamente se ha precarizado aún más la situación de sus trabajadores, que como sabemos, es un sector altamente feminizado, y de las personas migrantes sin acceso a los servicios públicos de sanidad. Cuesta reflexionó sobre cómo “cada persona tiene la vida que puede pagar” ante el decaimiento del Estado de Bienestar español.

Como mexicana migrante en Barcelona, las palabras de cada una de estas mujeres resonaron ampliamente en mí a dos ritmos: el de “acá”, aquel que corresponde a mi entorno próximo físico y emocional, y el de “allá”, en donde se encuentra gran parte de mi red de apoyo. Viví la ansiedad de “acá” al reconocer la fragilidad de mi cuerpo en las calles, en mi propio barrio, y al tener acceso restringido al sistema sanitario público catalán. Y la de “allá” a veces me sobrepasa: veo con impotencia cómo el presidente de México sigue perpetuando el rol de las mujeres como únicas cuidadoras en sus discursos; cómo desestima el alza de llamadas de emergencia por violencia doméstica (García y Rojas en El Economista, 2020), y su nulo interés por plantear una estrategia que permita hacerle frente a los 10 feminicidios diarios nacionales (González en Contralínea, 2020).

Pero justamente este encuentro virtual me ha asegurado que somos muchas, de distintos países, edades y contextos, las que estamos buscando vías alternativas a esta normalidad impuesta, y que podremos instaurar en el mainstream de la academia, las instituciones, y las comunidades.

Las propuestas presentadas por las ponentes discurrieron de la reflexión social, pasando por exigencias a los gobiernos, hasta acciones comunitarias a emprender. En el primer sentido, se cuestionó cómo será posible mantener el reconocimiento del espacio doméstico y sus dinámicas, hasta ahora invisibilizadas. Para ello, se ha recalcado que dentro de esta generalización en el imaginario colectivo, se coloquen a los cuidados como una responsabilidad de todes en todos los ámbitos, llevando incluso a que se reconfigure lo que es y no es trabajo. De esta manera se ha hecho poco a poco notorio que el trabajo realizado en el hogar realmente es un trabajo al que también se le dedica horas, esfuerzo y carga mental, aunque este no sea remunerado ni cuente con el mismo estatus social (Freixa, 2011). Bajo esta nueva percepción, se podrían gestionar incentivos desde instituciones públicas y/o la iniciativa privada para que los hombres se involucren activamente en los trabajos no remunerados y se permee su valorización en las sociedades (Moraleda, 2006).

En el segundo nivel de alternativas, mencionaron la necesidad del aumento del gasto social más allá de las excepcionalidades, empujando el establecimiento de un Estado de Bienestar funcional que garantice la subsistencia de toda la población, en específico otorgando la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio y/o regularización administrativa. De igual forma, se expuso que dentro de ello se desmercantilizaran las infraestructuras del cuidado, iniciativa que es posible de enmarcar en las políticas sobre los tiempos de la ciudad. Estas políticas buscan que los servicios públicos y las variadas actividades correspondientes a ocio, trabajos, entre otros, se adapten y se puedan conciliar a los tiempos de las personas, sobre todo a los de las mujeres, al ellas contar actualmente con una doble jornada incapaz de adecuarse a los horarios establecidos en varios espacios (Lousada, 2007). Esto significaría que las ciudades pusieran a disposición guarderías, residencias geriátricas, y otros centros de cuidado en mayor número, de calidad, y con coste cero o reducido, liberando así mayor tiempo cotidiano a las mujeres para su disfrute.

Finalmente, desde las lógicas comunitarias, se instó a que se enraizaran los tejidos de cuidados en la auto-gestión, como lo son las redes de abastecimiento y los cuidados vecinales. Es en estos últimos que se tiene la posibilidad de desarrollar los bancos de tiempo comunitarios, los cuales agrupan a personas de un mismo barrio o comunidad, y se utiliza el tiempo como moneda de intercambio de servicios ofrecidos y recibidos en este círculo próximo, logrando que “su propósito sea social y su enfoque, local” (Simon, 2010). Dentro de estos se le da idéntico valor a las actividades a intercambiar, y se da la apertura para distribuir comunitariamente ciertos servicios de cuidados, propiciando el desarrollo de vínculos y una identidad en comunidad (Torns, 2001).

Igualmente señalizaron la importancia de que pasadas las restricciones de reunión masiva generadas por la posibilidad de contagio de Covid, se regrese a las calles a continuar las protestas emergidas en distintos países latinoamericanos en los últimos tiempos, pero sin olvidar la reflexión de fondo de la crisis sanitaria. Por ejemplo, haciendo eco para rechazar las medidas que seguramente negociarán los organismos financieros internacionales con los gobiernos latinoamericanos.

Ante este panorama, noto que cuento con una motivación personal proveniente desde mi país: las mujeres de los movimientos feministas mexicanos actuales. Siendo reflejo de la consolidación de lógicas comunitarias, ellas me motivan. A pesar de la situación atravesada colectivamente, la movilización observada en el 8M de este año no ha hecho más que aumentar, al trasladarse a una presencia online y denunciar desde dicho espacio las violencias contra las diversas mujeres mexicanas en este confinamiento.

Desde aquí hago el llamado a que continuemos con ese impulso, en México y el resto de Latinoamérica, logrando visionar en conjunto un presente y un futuro donde dialoguemos y extendamos nuestras redes de comunidad, tanto para exigir que dejen de matarnos como para buscar un cambio sociocultural, alcanzando así un reparto equitativo de los tiempos y recursos entre mujeres y hombres. Es posible. Reinventemos.

Referencias bibliográficas

Comisión Feminismos Entrepueblos [Entrepueblos Entrepobles Entrepovos Herriarte]. (2020, abril 10). Economía feminista, para no volver a la “normalidad” [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/g3C9MC4rAzY
Freixa, Carme (2011). Políticas públicas de los usos sociales del tiempo. Cambiar el tiempo. Educación Social, 41-53.
García, Ana Karen, y Rojas, Valeria (24 de mayo de 2020). La violencia sí incrementó en la cuarentena: más llamadas de auxilio y más búsquedas en Google. El Economista.
González, Jordana (18 de mayo de 2020). En plena emergencia sanitaria, más de 350 víctimas de feminicidio en México. Contralínea.
Lousada, José Fernando (2007). Las políticas públicas sobre los tiempos de la ciudad, en especial las normas gallegas. Derecho Español, 16-21.
Moraleda, Imma (2006). Necesidad de Políticas Públicas de Usos Sociales del Tiempo. Comparecencia de Imma Moraleda, Concejala de los Nuevos Usos Sociales del Tiempo del Ayuntamiento de Barcelona, ante la Subcomisión del Congreso de los Diputados que analiza la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, (págs. 1-25). Barcelona.
Simon, Martin (2010). Your Money or Your Life: Time for Both. Gloucestershire : Freedom Favours.
Torns, Teresa (2001). ¿Para qué un Banco de Tiempo? Mientras Tanto, 117-125.
Torns, Teresa (2008). Tiempos de trabajo, tiempos de vida. Gaceta sindical: reflexión y debate , 253-274.

El MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SIN TIERRA DE BRASIL (MST) propone un plan de emergencia para el pueblo brasileño.

Como parte de nuestras acciones, estamos lanzando a la sociedad una campaña internacional a partir del 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, el PLAN DE EMERGENCIA PARA LA REFORMA AGRARIA POPULAR, en defensa de la vida del pueblo brasileño.

El plan propone medidas para promover la creación de empleos, la defensa de la salud y por la soberanía alimentaria, con el objetivo de producir alimentos para todas las personas, incrementar el comercio, garantizar ingresos y condiciones de vida dignas.

EN DEFENSA DE LA VIDA DEL PUEBLO BRASILEÑO ¡MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA UNA REFORMA AGRARIA POPULAR! ⬅️ [pdf]

La pandemia de coronavirus y sus efectos sobre los trabajadores y los más pobres, agrava las consecuencias de la crisis del capitalismo que golpea a la economía, la política, la sociedad y la naturaleza.

En vista de ello, es necesario democratizar el acceso a la tierra, distribuir la riqueza y defender los derechos de la gente del campo. Presentamos a la sociedad medidas que pueden promover rápidamente la creación de miles de puestos de trabajo, producir alimentos para todas las personas, promover el comercio, garantizar los ingresos y dignas condiciones de vida.

Para saber más sobre el Plan de Emergencia por una Reforma Agraria Popular, pincha aquí ➡️ https://mst.org.br/2020/06/05/mst-lanca-plano-emergencial-de-reforma-agraria-popular/