Impresiones sobre el encuentro de redes europeas de solidaridad.
Entre el 15 y 17 de junio de 2018 se reunieron en Berlín (Alemania) diferentes grupos europeos que hacen trabajo por Honduras para crear una red. Se proyectaron alrededor de 15 iniciativas y se crearon los fundamentos para un futuro trabajo de colaboración europea.
Por Kirstin Büttner publicado en la revista ila 418
El asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres, y tanto la implicación de los bancos de cooperación al desarrollo de Holanda y Finlandia como la empresa Voith Hydro /Siemens en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, no ha cambiado que bancos y empresas europeas sigan haciendo negocios con Honduras, al mismo tiempo que ignoran las violaciones a los derechos humanos. Por nombrar sólo algún ejemplo: la empresa austriaca Geppert Hydropower participa del proyecto hidroeléctrico “Los Planes” en Atlántida, donde desde inicios de 2017 se registra un aumento de la militarización, amenazas de muerte, desalojos violentos y ejecuciones contra pobladores de la zona en oposición al proyecto; el banco de cooperación al desarrollo austriaco está involucrado en proyectos de energía solar “Valle Solar” en la costa pacífica; la empresa de aeropuertos de Munich FGM (asociada del Estado de Babiera, de la República Federal Alemana y del gobierno de la ciudad de Munich) en la construcción y funcionamiento del nuevo aeropuerto internacional de Palmerola. Lo mismo ocurre con el programa de la UE “Eurojusticia”, que co-financia el corrupto sistema judicial hondureño.
Desde el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 se crearon numerosas iniciativas alrededor del mundo para solidarizarse con el heterogéneo movimiento social hondureño, que se resiste a la venta de su país y la explotación de sus recursos. Muchos grupos que trabajaron después del golpe de Estado en 2009 o antes con movimientos sociales en Honduras, reanudaron su trabajo conjunto. El espectro de trabajo abarca desde el trabajo de apoyo en el sitio, cabildeo y sobre respeto a los derechos humanos hasta el trabajo de difusión pública en países en Europa.
En cooperación con la organización ambientalista Naturfreunde-Berlín y la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia Munich, la Honduras delegación y el colectivo CADEHO organizaron el encuentro de la red europea. Iniciativas y colectivos de España, Italia, Noruega, Suiza, Francia y Alemania se reunieron en el Centro Cultural KuBIZ Raoul Wallenberg en Berlín-Weißensee. Entre otros llegaron grupos solidarios de base como CICA (Colectivo Italia Centro América), que tienen muchos años de experiencia en el trabajo de acompañamiento en Honduras; el colectivo de teatro Comité Berta Vive Milano, que hace representaciones teatrales desde 2016; ENTREPUEBLOS (del Estado español) que investiga la situación en Honduras desde los años 90; el Honduras Forum Suiza, que comenzó a trabajar en 2012 y trabaja por los derechos humanos y una relación justa entre Suiza y Honduras.
A través de diferentes talleres se trabajó sobre los temas actuales, así como las posibles formas de crear estructuras. Se discutió el cabildeo a nivel de la UE, la comunicación y la coordinación del trabajo de acompañamiento en Honduras. También se trató la actualidad sobre el proceso judicial para exclarecer y juzgar a los responsables del asesinato de Berta Cáceres y del apoyo al Comité para la Liberación de los Presos Políticos en Honduras. La pregunta de como enlazar un trabajo conjunto estaba siempre en primer plano.
Rita Trautmann de CADEHO enfatizó, que el objetivo es conseguir que grupos de base europeos que no tienen recursos de financiación y su estructura de trabajo es voluntaria, puedan conocerse y poder llegar a unos principios básicos, basados en la confianza y el compromiso. “Muchxs trabajamos en los mismos temas y podemos ahorrar mucho trabajo duplicado si nos coordinamos bien. Ha habido experiencias sobre delegaciones o eventos en Honduras, pero ahora tenemos unos principios en común. Eso vale mucho. La situación en Honduras requiere que estemos más coordinadxs, especialmente en lo que respecta a demostrar la corresponsabilidad de empresas y gobiernos europeos en violaciones de derechos humanos en Honduras. Esto también lo demuestra la demanda presentada recientemente por familiares de Berta Cáceres y COPINH contra el banco de cooperación FMO de Holanda.
La reunión se enriqueció con un representante de la Voz de los Abajo en Chicago y fundador de la Red de Solidaridad con Honduras (HSN) en los Estados Unidos y Canadá. La forma en que esta red trabaja conjuntamente con diferentes organizaciones ha motivado a crear una red en Europa. A pesar de jornadas intensas de trabajo tampoco se descuidó el aspecto cultural. Se desarrollaron diferentes actuaciones teatrales como la del Comité Berta Vive Milano, la cantante Karla Lara y la escritora Melissa Cardoza de Honduras. En una mezcla de teatro político, canto y letras, los dos artistas llevaron a los invitados a un viaje emocional a Centroamérica con una representación sobre la situación de las mujeres hondureñas en la resistencia.
La reunión terminó con una declaración conjunta. 1Hemos establecido una red europea y trabajaremos más estrechamente para convertirnos en una oposición europea más fuerte que apoye y fortalezca los procesos independientes de los movimientos sociales en Honduras. Se prevé repetir este tipo de encuentros el próximo año y se esta determinando el país.
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte junto a más de 300 organizaciones de la sociedad civil de 73 países, reiteramos nuestra oposición los tribunales de solución de controversias inversionista-Estado, ISDS, y a los derechos otorgados a inversionistas extranjeros por los tratados de comercio e inversión.
Sabemos que el régimen de los tratados de comercio e inversión y los tribunales de arbitraje internacionales (ISDS) favorecen solo a una clase de intereses -empresas e inversionistas multinacionales- otorgándoles el poder de demandar a los gobiernos más allá de sus sistemas judiciales nacionales y así poder compensar sus intereses por cantidades ilimitadas, incluyendo la pérdida de los beneficios futuros esperados. Además de una amplia gama de leyes nacionales, fallos judiciales, regulaciones y otras acciones gubernamentales están sujetas a tales ataques, incluidas las políticas sociales.
En los últimos años, los ISDS, instrumento clave antes poco conocido de los tratados de comercio e inversión internacional, ha recibido múltiples críticas: funcionarios gubernamentales de todo el espectro político, pequeñas empresas, académicos, juristas, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de todo el mundo han proclamado públicamente su oposición y han instado a los gobiernos a posicionarse contra estos tratados. El número de casos de ISDS presentados cada año se ha disparado, enriqueciendo y otorgando cada vez más poder a las grandes corporaciones en detrimento de las políticas públicas. Algunos gobiernos están rechazando los tratados que incluyen ISDS y otros tratados de comercio e inversión que otorgan derechos excesivos a inversionistas extranjeros.
Desde Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte suscribimos esta Carta Globaly hacemos un llamado a nuestros gobiernos, para que se abstengan de firmar nuevos tratados comerciales y de inversión que incluyan estos derechos extraordinarios a inversionistas extranjeros, que rescindan los tratados vigentes de ISDS y que utilicen el proceso de la CNUDMI para abordar los problemas fundamentales del sistema actual. Que los gobiernos rechacen la propuesta de la “corte multilateral de inversiones” de la UE, el establecimiento de un mecanismo de apelación o cualquier otro intento de institucionalizar o afianzar aún más el régimen de arbitraje de inversión.
Les darreres setmanes milers de hondurenyes i hondurenys s’han organitzat en caravanes col·lectives de migrants i s’han posat a caminar, sovint en família, i amb les mínimes pertinences que es poden emportar. L’objectiu és travessar Guatemala i Mèxic per arribar als EUA. Fugen de la pobresa i la violència. És alhora un gest de pura supervivència i de denúncia, un crit estripat, si hi ha algú que vulgui escoltar-lo, sobre la insuportable situació en que viu la gent de les classes populars a Hondures, i per haver perdut qualsevol indici d’esperança de posar-hi remei.
Hi ha una gran i lògica intuïció en no voler seguir caminant individualment com a carn de canó de tota mena de màfies i fronteres policials l’itinerari de la migració, sinó fer-ho amb la protecció que dóna el col·lectiu. D’aquesta forma el seu caminar constitueix també en una denúncia de les polítiques migratòries per on passen i, sobre tot, dels EUA. Les imatges que ens arriben ens recorden inevitablement l’èxode de la crisi de Síria.
Però, ¿hi ha guerra a Honduras?…, ¿de què fuig, doncs, aquesta gent? Si es pogués resumir en poques paraules: fugen del desenvolupament i la seva necropolítica.
Durant dècades s’ha mantingut un malentès amb això del desenvolupament. Semblava que es tractava que els països “subdesenvolupats” accedissin a les mateixes quotes i models, econòmics, socials i polítics dels països “avançats”. Però la historia ens ha demostrat tossudament que el desenvolupament capitalista “realment existent” no funciona així, sinó que evoluciona de forma desigual i en trajectòries diverses, segons la funció que cada país té adjudicada dins de la divisió internacional del treball.
La funció primordial d’Amèrica Llatina en l’ordre global del segle XXI -amb governs neoliberals o progressistes- és la de subministrar matèries primeres per la seva transformació en altres països com valors de consum. Sí…, és un disseny gens original, ja són més de 500 anys de venes obertes.
És dins d’aquest disseny que podem dir que avui Hondures és, malauradament, un dels països més desenvolupats. Especialment després del cop d’estat de 2009 el país ha experimentat una gran embranzida del desenvolupament:
– Amb la nova llei de mineria de 2013 han estat aprovats 384 projectes miners, atorgats 850 títols i delimitades 950 zones de reserva minera. Totes aquestes sol·licituds en procés, afecten prop de 350.000 hectàrees. Tot això malgrat que, entre el 2000 y el 2015, la mineria va contribuir en menys de l’1% al PIB, i era ser el sector que creava menys ocupació al país.
– Els conreus extensius de palma africana ocupen més de 300.000 hectàrees, i estan en fase d’expansió, principalment per a la producció d’agro-combustibles. Aquestes plantacions consumeixen la mateixa quantitat d’aigua que 18 milions de persones -en un país de 8 milions d’habitants-.
– En aquests darrers anys s’han aprovat 48 projectes de grans represes i unes altres 123 de més petites.
– I tot això sense comptar els territoris acaparats per a les infraestructures turístiques.
L’inconvenient per les empreses extractives és que en tots aquests territoris hi viu gent, a la que cal desposseir -eludint l’obligació de consulta- de les seves terres, rius, fonts d’aigua, zones de pesca.
És possible governar a gust d’Alexis de Tocqueville països amb aquest extrem desenvolupament? Les elits locals, i les borses de Wall Street, Shangai, Toronto o Frankfurt no ho veuen viable. No hi ha espai per al pacte social. Proves d’això les hem tingut amb el cop d’estat de 2009, i més recentment al novembre de 2017, amb la clamorosa tupinada a les eleccions presidencials, després de la suspensió del recompte durant més de tres dies quan guanyava el candidat de l’oposició, davant dels nassos tapats de la “comunitat internacional”, Comissió Europea en primer lloc.
Un país així requereix un govern de gestors sense escrúpols del necropoder i els necronegocis. Una altra governabilitat requeriria un disseny i una trajectòria diferents per Hondures.
I, efectivament, l’any passat Global Witness publicava l’informe “Hondures, el país més perillós del món per l’activisme ambiental”, on es diu que “les industries extractives amb el suport d’élites polítiques i empresarials i funcionaris corruptes estan al darrere de l’assetjament fins a l’assassinat d’activistes”.
Hondures té un dels majors índex de violència al món. En 2017 s’han registrat 389 feminicidis. La taxa de pobresa arriba al 64,5% i la desigualtat és la més alta d’Amèrica Llatina. Per tot això entre 80.000 i 100.000 persones emigren cada any només als EUA.
Només prenent consciència d’aquest context es pot valorar en tota la seva dimensió la tasca de resistència de les comunitats i les organitzacions populars a Hondures o a la veïna Guatemala. Des de les dones pobladores que es lleven cada dia intentant no pensar en l’heroïcitat que suposa seguir vivint, fins a les organitzacions i persones concretes (indígenes, garífunes, camperoles, estudiants, feministes, col·lectius LGTBI) que s’atreveixen a aixecar, contra tot pronòstic, la seva veu, el seu nom i el seu cos per defensar els drets de la seva gent i de la natura.
En aquests dies en que el judici per l’assassinat de Berta Càceres erra en el laberint de la imaginària justícia hondurenya -generosament subvencionada per la cooperació espanyola-, organitzacions de solidaritat i drets humans pressionen la comunitat internacional per denunciar totes les irregularitats en la instrucció del cas. En aquest episodi ens juguem molt més que aconseguir justícia per a Berta. Darrere hi ha desenes d’activistes i membres de comunitats que no són tan visibles als mitjans d’incomunicació, heroïnes quotidianes de la primera línea de resistència davant la necropolítica del desenvolupament.
No és una qüestió d’altruisme, es tracta de saber fins a quin punt el nostre futur està cada cop més lligat a les seves resistències. De la mateixa manera que el seu està cada cop més lligat a la nostra capacitat de fer front a l’ascens del feixisme, les polítiques de la por i la seguretat, i al poder corporatiu a casa nostra.
Organitzacions socials i sindicats demanen al Govern que doni suport al tractat vinculant sobre drets humans i empreses
El 15 d’octubre ha començat a Ginebra la quarta sessió de treball del tractat de drets humans i empreses.
Organitzacions socials i sindicats, han demanat al Govern de Pedro Sánchez que no ignori el mandat del Congrés que insta el Govern a participar de manera activa en aquest procés.
Per a les organitzacions signants cal donar suport al tractat vinculant de cara a acabar amb la impunitat dels assassinats a les persones que defensen les seves comunitats per sobre d’interessos econòmics.
El 15 d’octubre ha començat a la seu de Nacions Unides a Ginebra la quarta sessió de treball del tractat de drets humans i empreses. El seu objectiu és establir un instrument jurídicament vinculant que protegeixi les comunitats locals i posi fi a la impunitat amb que multinacionals cometen violacions de drets humans.
Cada setmana tenen lloc més de 5 assassinats de defensors i defensores de drets humans al món. Tan sols en 2017 més de 300 persones van ser assassinades per protegir els drets de les seves comunitats per sobre dels interessos econòmics. Crims que en la majoria dels casos queden totalment impunes. Per legislar en aquest sentit i evitar aquests abusos desmesurats, des de Nacions Unides s’està treballant en la creació d’un instrument jurídicament vinculant.
Aquest tractat ha estat defensat per més de 200 col·lectius i organitzacions sota la Campanya Global per desmantellar el poder corporatiu i posar fi a la impunitat. Un mecanisme que podria prevenir i remeiar els danys i violacions produïdes per les empreses transnacionals, qüestionant el predomini d’inversors i negocis assentats sobre els tractats comercials per sobre dels drets humans.
Al llarg d’aquests anys la posició de la Unió Europea ha anat virant d’un punt a un altre a l’hora de donar suport a un tractat amb mesures fermes contra les violacions de les multinacionals. Aquest últim any la UE ha obstaculitzat completament l’eina legal en què es treballa.
L’Estat espanyol, que podria haver pres la iniciativa i decantar-se per un tractat a favor dels drets humans tal com ha incorporat al seu discurs en la legislatura, lluny de mantenir-se coherent, compleix ara amb la missió de no participar i només escoltar altres estats. Davant d’aquest important debat la postura de la missió espanyola és la de no trencar la disciplina de la Unió Europea que ha decidit seguir sense participar ni activa ni positivament.
El Govern espanyol ha decidit així no fer cas del mandat de les dues proposicions no de llei aprovades pel Parlament espanyol durant la primera meitat de 2018, presentades pels grups parlamentaris del Partit Socialista i de Units Podem, i que insten a una participació activa del Govern en aquest procés.
La posició de la missió espanyola contradiu les paraules de membres de l’executiva socialista que en reunions mantingudes la setmana passada asseguraven a membres de la campanya que “sempre han donat suport a un instrument jurídicament vinculant sobre empreses i drets humans” i que “seguirien donant suport i no canviarien de criteri “. Des de l’executiva es comprometien a contactar amb responsables del Ministeri d’Afers Exteriors per garantir que la posició del partit era coherent amb el que defensés la representació espanyola en la reunió de Ginebra.
Les organitzacions socials signants han exigit que el Govern de Pedro Sánchez prengui la paraula a Ginebra i mostri, com ha fet en recents ocasions, que un estat pot obrir un debat en el si de la UE i fer avançar la defensa dels drets humans.
Organitzacions signants:
Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra, ATTAC España, Comisiones Obreras (CC OO), Ecologistas en Acción, Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte, Fundación APY, Greenpeace España, InspirAction, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global, Novact, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, Observatori DESC, Seremos Catalunya, SUDS.
Aquest projecte d’explotació minera, al municipi d’Alt Àneu, ubicat en un espai protegit per la xarxa europea d’espais naturals Natura 2000, és complementari del que existeix a la vessant Nord del Pirineu a l’Arieja. L’empresa impulsora és Neometal Spania SL, una filial de la multinacional australiana Apollo Minerals Limited, que té com a objectiu l’extracció d’or i wolframi.
Amb la presentació d’aquestes al·legacions Entrepobles dona suport i participa en el creixent procés d’informació i mobilització social al municipi i a la comarca del Pallars Sobirà contra aquest projecte, que s’ha concretat en la constitució de la plataformaSalvem Salau.
Hoy se ha enviado al Comité CEDAW el Informe Sombra de Seguimiento al que se han adherido un total de 166 organizaciones. El informe, elaborado por la Plataforma CEDAW Sombra España así como las Plataformas CEDAW Sombra creadas en distintas CC.AA., es un trabajo de seguimiento de la evolución de las cuestiones sobre violencia de género y mujeres y niñas refugiadas, las cuales son objeto de seguimiento parcial, tal y como fueron señaladas por el Comité CEDAW al Estado Español en su examen de julio de 2015 (61ª sesión).
En este sentido, representa una síntesis de los elementos más relevantes que, a modo de balance, puede decirse que arrojan con carácter general un deficiente cumplimiento de las recomendaciones señaladas al Estado por parte del Comité CEDAW, por lo que la Plataforma da un suspenso al Gobierno (ver nota de valoración).
Las cuestiones referidas, corresponden a una selección realizada por el Comité CEDAW (artículos 21.a, 21.b, 21.f y 37.c) del Informe de Observaciones Finales del Comité CEDAW, en las que se solicita al Estado Español que dé cuenta de cómo ha avanzado para aplicar sus recomendaciones en este período intermedio entre informes. Las recomendaciones cuya aplicación se analiza son las siguientes:
21.a) Revisar su legislación sobre la violencia contra la mujer en vigor a fin de que incluya otras formas de VG, por ejemplo, la violencia ejercida por cuidadores, la violencia policial y la violencia en espacios públicos, lugares de trabajo y escuelas.
21.b) Disponer cursos obligatorios para los jueces, los fiscales, los agentes de policía y otros agentes del orden sobre la Convención y su Protocolo Facultativo y sobre la estricta aplicación de las disposiciones penales relativas a la violencia contra la mujer, y sobre procedimientos que tengan en cuenta el género para entrevistar y tratar a las mujeres que son víctimas de violencia.
21.f) Recopilar datos estadísticos sobre la violencia doméstica y sexual desglosados por sexo, edad, nacionalidad y relación entre la víctima y el autor.
37.c) Proporcionar tratamiento adecuado a las mujeres y niñas solicitantes de asilo con necesidades específicas y adoptar una perspectiva de género a la hora de elaborar programas de asistencia.
Aquest 28 de setembre tornarem a sortir als carrers per ‘DEFENSAR EL DRET A L’AVORTAMENT’
Ens solidaritzem amb totes les companyes que, en tots els països del món, estan lluitant com nosaltres perquè la interrupció lliure de l’embaràs sigui reconeguda com un dret de totes les dones.
Andorra, Argentina, Xile, Colòmbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Hondures, Malta, Nova Zelanda, Panamà, Papua Nova Guinea, Filipines, Polònia, República de Corea, Samoa, San Marino, Gibraltar, Estats Units i, podríem seguir amb la llarga llista de governs que no garanteixen el dret a l’avortament de les dones en els seus territoris. Cada any moren 47.000 dones arreu del món, segons l’OMS, a causa de complicacions relacionades amb avortaments insegurs; altres més són criminalitzades o empresonades. Milers de dones avorten cada any dins i fora de la legalitat.
Mentrestant, els governs fan un gir a la dreta i, actuen sota influències religioses als Estats autodenominats laics. Les societats semblen avançar en retrocés, les feministes resistim i lluitem pels nostres drets fonamentals: per la nostra autonomia, la nostra llibertat i el nostre dret a decidir.
Perquè en tots els territoris del món avortar formi part dels serveis nacionals de salut i fora del codi penal, per la salut i la vida de totes les dones, per acabar d’una vegada amb la criminalització que pateixen milers de dones. NI MORTES, NI PRESES, NI CLANDESTINES. ENS VOLEM VIVES I LLIURES!
Un cop més les dones feministes i diverses ens mobilitzem, com a forma de resistència i de fer visible aquesta lluita col·lectiva de molts anys, pel ‘DRET A DECIDIR SOBRE LA NOSTRA SEXUALITAT I REPRODUCCIÓ’
El dret a decidir suposa el reconeixement de les dones com a persones moralment autònomes, responsables, lliures i subjectes de dret de la mateixa manera que la resta de la població.
Vivim moments molt importants en la lluita pels nostres drets, el 8 de març passat milions de dones vàrem recolzar les aturades i vagues internacionals feministes, el passat mes d’agost a les dones argentines quan van mobilitzar a més de dos milions de persones per la legalització de l’avortament, lluita que continua ara per a que es faci complir la Llei d’Educació Sexual Integral en totes les escoles de tot el país, públiques i privades, laiques i religioses. Un dret al qual també ens sumem.
Fotografia http://www.feministas.org
Educació sexual per a DECIDIR. Anticonceptius per a NO AVORTAR. Avortament legal per NO MORIR
28 de setembre: #UnCritGlobal per #l’AbortamentLegal
L’Estat hondureny té el deure i l’oportunitat de mostrar al món a través d’aquest procés judicial que és possible lluitar contra la impunitat. Fem una crida a que en aquest judici es permeti aclarir, no solament els fets del 2 de març, sinó tots els antecedents i el context en què es produeix aquest crim contra Berta Càceres, la coordinadora general del COPINH i lideresa del poble indígena Lenca.
Els sotasignats hem donat seguiment del cas de l’assassinat de Berta Càceres i de Gustavo Castro en temptativa d’homicidi des del dia 2 de març de 2016. Mai havien estat els reflectors de tot el món atents a un esdeveniment com aquest. Hondures ha estat a la lupa de la comunitat internacional, que ha observat la quantitat impressionant de violacions als drets de les víctimes durant el procés així com violacions als seus mateixes regulacions processals.
Ha estat evident com la conducció de la fiscalia integrada pels fiscals Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, sota la direcció del fiscal general, Oscar Chinchilla, ha significat, de mala fe i fins i tot dol , l’obstaculització del procés judicial, en evitar la realització de peritatges, entorpir el degut procés, amagar informació, operar amb negligència en les investigacions, impossibilitar l’anàlisi de proves i peritatges, així com evitar com sigui l’anàlisi de proves dels violacions de domicili que impliquen a l’empresa DESA i la família Atala.
Una i altra vegada el Ministeri Públic s’ha negat a presentar la informació i els peritatges fonamentals per al procés de recerca de la veritat, ha estat la regla de la seva actuació i això mereix una correcció exemplar.
El govern hondureny es va negar a la creació d’una Comissió Independent que garantís una adequada investigació per la procuració de justícia, i ara es veuen les conseqüències d’això.
D’altra banda, els jutges del Tribunal de Sentència responsables de la resolució d’aquest primer procés judicial, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana i Delia Lizeth Villatoro, han negat el reconeixement del COPINH com a víctima quan és obvi que l’actor fonamental com a defensor dels Drets Humans és el col·lectiu indígena; a més no han admès la proposta de testimonis claus que donen fe de l’actuació d’empleats de DESA davant del crim i es nega a la transmissió en viu de les audiències i del judici. Ens preguntem, qui són els beneficiats que no es conegui i evidenciï en el judici el context del crim de la Berta?
Ens preocupa més, el tracte discriminatori i racista per part de les autoritats de la Cort Suprema de Justícia contra els membres del COPINH que clamen justícia i que exerceixen el seu dret a la veritat al presentar-se a observar les audiències i ser maltractats per la seva provinença. L’observança de les garanties perquè el poble Lenca representat pel COPINH participi del judici ha de ser una prioritat entenent la transcendència d’aquest procés.
El govern hondureny es va negar a la creació d’una Comissió Independent que garantís una adequada investigació per la procuració de justícia, i ara es veuen les conseqüències d’això.
L’Estat hondureny té el deure i l’oportunitat de mostrar al món a través d’aquest procés judicial que és possible lluitar contra la impunitat. Que a Hondures hi ha l’Estat de Dret i un poder judicial autònom sense interessos més que la procuració de justícia, veritat i la garantia pels Drets Humans, per això cridem a que en aquest judici es permeti aclarir, no solament els fets del 2 de març, sinó tots els antecedents i el context en què es produeix aquest crim contra la Berta Càceres, la coordinadora general del COPINH i lideresa del poble indígena Lenca. Esperem que compleixin amb aquest deure i abonin a saldar el deute amb les víctimes d’aquest condemnable crim.
Madrid / París / Ottawa / Ciutat de Quebec / Washington / Los Angeles / Ciutat de Guatemala / Sant Josep / Tegucigalpa / El Progreso, 13 de setembre de 2018.- Quinze organitzacions internacionals i nacionals; persones expertes en drets humans, dret internacional i dret nacional han format una missió per observar el respecte del dret a un procés degut, la tutela judicial efectiva i el dret d’accés a la justícia de les víctimes per l’assassinat de la defensora de drets humans Berta Càceres. Això, per garantir que el primer judici contra vuit imputats per l’assassinat de la líder indígena Lenca, i l’intent d’assassinat de l’activista ambiental mexicà Gustavo Castro, es desenvolupin d’acord amb els millors estàndards internacionals i la normativa interna. Aquest primer judici tindrà lloc del 17 de setembre al 19 d’octubre de 2018 en el Tribunal de Sentència a Tegucigalpa.
“L’adequada administració de la justícia és un component essencial de l’Estat de dret, i un sistema legal que funcioni i demostri la seva capacitat per actuar amb independència i imparcialitat és fonamental per a una societat democràtica basada en el respecte dels drets humans” han assenyalat les organitzacions que conformen aquest grup. Aquestes valoracions es van fer arribar al President de la Cort Suprema d’Hondures, anunciant la conformació d’aquesta missió.
Berta Càceres Flors, coordinadora general del Consell Cívic d’Organitzacions Populars i Indígenes d’Hondures (COPINH), va ser assassinada el 2 de març de 2016, a casa seva a la Esperanza, en el departament d’Intibucá.
A més del territori, Berta defensava els drets culturals dels pobles indígenes, i la pagesia, així com els drets de les dones. Va ser una destacada lideresa social, que el 2015 va rebre el Premi Goldman, màxim guardó per defensors i defensores del medi ambient. Arran de la seva lluita i la seva tasca de defensa, Berta Càceres va ser víctima de nombroses amenaces i campanyes d’estigmatització i criminalització, que van portar al fet que la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) li atorgués mesures cautelars des de l’any 2009.
“En nombroses ocasions la Comissió Interamericana de Drets Humans ha identificat una situació d’impunitat estructural a Hondures, per tant la nostra missió d’observació és un esforç oportú per monitoritzar si el procés judicial compleix els estàndards internacionals”, han afegit les organitzacions que conformen la missió.
Durant la missió d’observació, els membres de l’equip es reuniran amb funcionaris i funcionàries judicials; fiscals, missions diplomàtiques, organismes internacionals de drets humans, advocades i advocats defensors i de les víctimes, en un esforç per obtenir una àmplia perspectiva del judici.
En aquest sentit, les organitzacions que formem la Missió d’Observació fem una crida a les autoritats judicials perquè permetin un correcte desenvolupament del procés, ajustat a dret i d’acord amb les responsabilitats internacionals en matèria de drets humans que ha assumit Hondures. Això és particularment rellevant en un context en què la situació dels defensors i defensores de drets humans a Hondures està en el focus d’atenció de la comunitat internacional.
Canadà: Advocats Sense Fronteres Canadà
Canadà: Amanda Ghahremani, Centre Canadenc Per a la Justícia Internacional
Colòmbia: Reynaldo Villalba, Corporació Col·lectiu d’Advocats José Alvear Restrepo
Regional: Francisca Stuardo, CEJIL
Espanya/ França: Mikel Cordoba, Observatoire International des Avocats
Estats Units: Annie Bird, Guatemala Human Rights Commission – USA
Estats Units: Katharine València, Due Process of Law Foundation
Estats Units: Joseph Berra, L’Institut de Promesa, Universitat de Califòrnia Los Angeles
Estats Units: Lauren Carasik, National Advocats Guild
França: Natalia Yaya, Federació Internacional dels Drets Humans
Guatemala: Francisco Soto, Centre d’Acció Legal per als Drets Humans
Guatemala: Denis Martinez, Impunity Watch
Guatemala: Anabella Sibrián, Plataforma Internacional contra la Impunitat
Hondures: Dunia Pérez, Equip de Reflexió, Investigació i Comunicació
Hondures: Wilfredo Méndez, Centre d’Investigació i Promoció dels Drets Humans
Afirmant el fonament en el dret a un judici just consagrat en l’article 10 de la Declaració Universal de Drets Humans; i constatant la Resolució 60/147 de l’ONU sobre el dret de les víctimes de violacions greus de les normes internacionals de drets humans a un recurs i reparacions; invoquem, l’Article 9 (3) (b) de la Declaració dels Defensors dels Drets Humans de l’ONU que reconeix el dret dels observadors dels judicis: “[a] assistir a audiències públiques, procediments i judicis per formar-se una opinió sobre el seu compliment amb la legislació nacional i les obligacions i compromisos internacionals aplicables”.
Organitzacions internacionals denunciem negligència estatal en el cas de la Berta Càceres
Tegucigalpa, 27 d’agost de 2018.- Organitzacions internacionals expressem preocupació davant la persistent negligència de les autoritats hondurenyes en el procés d’investigació per l’assassinat de la Berta Càceres Flors i la temptativa d’assassinat del defensor Gustavo Castro. En aquest sentit, resulta censurable que, a dues setmanes d’iniciar-se el judici oral i públic respecte d’alguns partícips, la Fiscalia no ha analitzat prova fonamental per a la investigació i a més continua violentant l’accés de les víctimes a la veritat i la justícia.
Des de maig de 2016, el Ministeri Públic té en el seu poder una sèrie d’articles que van ser decomissats a escorcolls realitzats als habitatges de les persones imputades i a les oficines de l’empresa DESA, com ara telèfons mòbils, memòries USB, càmeres fotogràfiques, pastilles electròniques, xips de cel·lular, discs durs extraïbles, ordinadors i fins i tot armes i casquets de bala. Tanmateix, 2 anys després, el Ministeri sosté que aquests aparells no han estat objecte de perícia, és a dir, no hi ha hagut una investigació diligent i hi ha un risc que el transcurs del temps hagi danyat la prova.
Aquesta situació ha estat informada pel Ministeri Públic recentment, tot i les nombroses gestions realitzades pel Consell Cívic d’Organitzacions Populars i Indígenes d’Hondures (COPINH) i familiars de Berta Càceres.
Fins al dia d’avui, el Ministeri Públic ha negat l’accés de les víctimes a la informació en, almenys, 35 ocasions, i, encara que el Tribunal de Sentència amb Competència Nacional Territorial en matèria penal li ha ordenat en múltiples oportunitats que lliuri la informació, aquest òrgan investigador ha incomplert obertament l’ordre sense cap tipus de conseqüència legal.
Per la seva banda, el Tribunal de Sentència no ha acceptat que es consideri el COPINH com a víctima del cas, limitant indegudament la participació d’aquest moviment en el procés penal per l’assassinat de la seva lideressa.
Aquesta sèrie d’irregularitats, que s’han practicat de manera sistemàtica, violenten el dret de les víctimes a participar en totes les etapes del procés, limiten de manera injustificada el seu accés a la informació i condicionen la seva recerca de veritat i justícia.
Davant d’aquesta situació, les organitzacions signants considerem inadmissible que el procés avanci sense l’anàlisi i el lliurament de tota la informació disponible. Com sosté la Cort Interamericana de Drets Humans, els Estats han de “(…) assegurar que els familiars (…) tinguin ple accés i capacitat d’actuar en totes les etapes i instàncies d’aquestes investigacions i processos, d’acord amb la llei interna i les normes de la Convenció Americana”.
Addicionalment, segons l’Alt Tribunal, els Estats tenen “l’obligació de remoure tots els obstacles fàctics i jurídics que puguin dificultar l’aclariment judicial exhaustiu de les violacions a la Convenció Americana perpetrades en aquest cas, el judici dels responsables i la deguda reparació d’ les víctimes “.
En aquest cas concret, l’actitud negligent del Ministeri Públic planteja seriosos dubtes sobre la seva voluntat real d’aclarir els fets i identificar a tots els responsables, en particular als autors intel·lectuals.
Finalment, les organitzacions signants fem una crida a les autoritats hondurenyes a rectificar immediatament les seves actuacions i recordem que l’assassinat de la Berta Càceres Flors exemplifica la violència i la impunitat a la qual s’enfronten defensors i defensores de drets humans en exercir la seva tasca en aquest país. L’Estat d’Hondures té l’obligació d’investigar aquests casos de manera ràpida, exhaustiva, independent i imparcial.
Organitzacions signants:
8th Day Center for Justice, 67 Sueños – Estados Unidos, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El Salvador, Amnistía Internacional, Asociación Nicaragua en Duesseldorf – ALEMANIA, Cadena de Derechos Humanos Honduras – Alemania, Carea e.V – Alemania, Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala, Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – Alemania, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Chinese Progressive Association – Estados Unidos, Climate Justice Alliance – Estados Unidos, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El Salvador, Collettivo Italia Centro América – Italia, Comité Campesino del Altiplano – Guatemala, Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) – Guatemala, Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala, Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) – Canadá, Common Frontiers – Canadá, Corporate Accountability Lab – Estados Unidos, Diakonia, Earthworks – Estados Unidos, Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) – Guatemala, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, Foro Honduras Suiza, Francia América Latina – Francia, Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso, Grassroots Global Justice Alliance, Grassroots International, Green Peace, Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos, HEKS/EPER, Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala, Human Rights Defenders Project – Estados Unidos, Indigenous Environmental Network, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras), Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación – Austria, International Service for Human Rights (ISHR), JASS Mesoamérica, Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace & Justice, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Migrant Justice, “La Otra” Cooperativa – Guatemala, MISEREOR – Alemania, Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) – Estados Unidos, Northern Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia – Alemania, OXFAM, Peace Watch Switzerland, Plataforma Urbana – Guatemala, Protection International, Red Comunitaria Guatemalteca – Canadá, Right to the City Alliance – Estados Unidos, Rights Action, Seguridad en Democracia SEDEM – Guatemala, Share Foundation – Estados Unidos, Southern Maine Workers Center – Estados Unidos, Todos por Guatemala – Canadá, Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala, United Electrical Workers of America – Estados Unidos, United for Mining Justice – Canadá, UPROSE – Estados Unidos, Women’s Organizing Network – Estados Unidos.
COPINH: Comunicat de Premsa 22/08/2018
El Consell Cívic d’Organitzacions Populars i Indígenes d’Hondures COPINH, l’equip legal del Moviment Ampli per la Dignitat i la Justícia, al costat de la família de la companya Berta Càceres, ens fem presents de nou davant l’opinió pública per denunciar una vegada més el pacte d’impunitat que plana sobre el cas Berta Càceres a causa de les actuacions del Ministeri Públic d’Hondures.
Com ja és sabut, hem denunciat la negació d’accés a la informació per part de la Fiscalia Especial de Delictes Contra la Vida, dirigida actualment per l’advocat Roberto Blend i en el seu moment dirigida per l’advocat Roger Matus. Tanmateix ara hem de denunciar la completa negligència que podem interpretar com un accionar dirigit a negar la justícia en aquest cas i l’ocultació de la veritat per part de l’Estat hondureny.
Molt tardanament, després de 4 ordres judicials i mandat exprés del Tribunal de Sentència amb data 27 de juliol d’aquest any, les fiscals ens responen a les preguntes que els veníem fent des d’abril de 2017, amb que no ens poden brindar la informació que hom demana, ja que aquesta es troba en aparells electrònics i altres evidències que el Ministeri PúblicNO ha processat ni analitzat.
Com és possible que una setmana abans de l’audiència judicial en què se suposa que s’exposin les proves perquè es jutgin a 8 persones per l’assassinat de la nostra companya i mare Berta Càceres, que el Ministeri Públic ens vingui a dir que ells simplement realitzaran l’anàlisi de la informació que pot donar-nos detalls del que ha passat amb la persecució i assassinat de Berta Càceres? Això és inadmissible en el fet que la informació que les fiscals no han processat respon coincidentment als aparells recollits als escorcolls al major de l’Exèrcit d’Hondures Mariano Díaz Chávez, l’empleat de l’empresa DESA Douglas Bustillo, així com el realitzat en les mateixes oficines de l’empresa DESA. Elements de prova, continguda en telèfons mòbils, memòries USB, càmeres fotogràfiques, pastilles electròniques, xips de cel·lular, discs durs extraïbles i ordinadors.
Aquestes actuacions corroboren les denúncies del COPINH sobre la manca de confiança de part de les víctimes en les investigacions del mateix Estat que va propiciar la mort de Berta Càceres.
Hem de ressaltar que les autoritats d’Hondures i de l’ambaixada dels Estats Units a Hondures tenen responsabilitat en les irregularitats en aquest procés judicial a causa del seu suport sense restriccions al Ministeri Públic i la negació d’una investigació internacional i han d’assumir les seves responsabilitats en aquesta situació i satisfer les necessitats d’accés a la justícia.
Davant això, exigim:
– Que es garanteixi l’anàlisi i extracció de tota la informació continguda en els aparells electrònics producte de les diligències del MP, que permeti desvetllar la veritat i es garanteixin totes les condicions de l’accés a la informació.
– Que les autoritats responsables del Ministeri Públic, encapçalades pel fiscal general Óscar Chinchilla es responsabilitzin per la falta de deguda diligència i l’accés a la informació i el degut procés en general.
– Que la comunitat internacional en un cas emblemàtic com aquest, es pronunciï i exhorti que es donin les condicions necessàries per al desenvolupament del procés judicial.
Ciutat de Tegucigalpa als 22 dies del mes d’agost de 2018.
El passat 22 d’agost, a través de la tanca de Ceuta, van accedir a territori espanyol 116 persones migrants i refugiades. El Ministeri de l’Interior confirma que l’endemà aquestes persones haurien estat retornades al Marroc mitjançant l’aplicació de l’Acord entre el Regne d’Espanya i el Regne del Marroc relatiu a la circulació de persones, el trànsit i la readmissió d’estrangers entrats il·legalment, signat a Madrid el 13 de febrer de 1992. Aquest Acord, fins al moment, no havia estat aplicat sinó de forma molt incidental i marginal per a la devolució de persones interceptades en alguns dels illots de sobirania espanyola propers a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
Les entitats sotasignants ens veiem en l’obligació de criticar durament aquesta forma de procedir per les següents raons:
1. L’Acord de Readmissió de 1992 no suposa cap base jurídica diferent de l’establerta en la legislació d’estrangeria per acordar el retorn de qualsevol persona que es trobi sota la potestat de les autoritats migratòries espanyoles. És un mer instrument jurídic per possibilitar l’execució d’una prèvia decisió de retorn al Marroc adoptada per les autoritats espanyoles. Per tant, qualsevol persona que sigui lliurada a les autoritats del Marroc en aplicació d’aquest acord ha de haver-ho estat després de la tramitació d’algun dels procediments previstos en la legislació d’estrangeria (en aquest cas, el procediment de devolució) en què han hagut de observar totes les garanties previstes legalment. Entre aquestes garanties s’inclouen els drets d’assistència lletrada, d’intèrpret i a sotmetre la decisió a revisió judicial. En el marc d’aquest procediment, a més, han hagut de poder identificar-se situacions d’especial vulnerabilitat susceptibles de tutela i impeditives de l’execució de la decisió de retorn com són la minoria d’edat, potencials sol·licitants de protecció internacional o víctimes de tràfic d’éssers humans. La inusitada celeritat amb què s’han desenvolupat aquests procediments permet qüestionar que aquestes garanties s’hagin satisfet materialment i, en conseqüència, la legalitat del procediment.
2. L’Acord de Readmissió estableix, al seu torn, un detallat procediment per a l’execució de la decisió de lliurament que implica obligacions recíproques per a les autoritats d’Espanya i el Marroc. Com obligacions formals s’estableixen (i) la necessitat d’una sol·licitud formal en què es facin constar totes les dades disponibles relatives a la identitat, a la documentació personal eventualment posseïda per l’estranger i a les condicions de la seva entrada il·legal al territori de l’Estat requeridor , així com qualsevol altra informació de què es disposi sobre el mateix; i (ii) l’acceptació que ha de quedar documentada mitjançant l’expedició per les autoritats del Marroc d’un certificat o de qualsevol altre document en el qual es fa constar la identitat i, si escau, la documentació posseïda per l’estranger en qüestió. Novament, la celeritat amb què s’han desenvolupat aquests procediments i l’experiència de la general absència de documentació personal d’aquestes persones permet també qüestionar que aquestes obligacions s’hagin emplenat materialment i, en conseqüència, la legalitat del procediment.
3. L’Acord de Readmissió també estableix una específica garantia material que condiciona qualsevol entrega a les autoritats del Marroc, com és que Espanya s’asseguri que “els estrangers readmesos són enviats al més aviat possible al seu Estat d’origen o a l’Estat on comencessin el seu viatge “(art. 5). Difícilment Marroc està en disposició de poder donar compliment a aquesta exigència ni Espanya podria fer front al seu compromís assumit internacionalment que pugui assegurar que aquestes persones són retornades als seus països d’origen. Res sembla apuntar a que el Marroc i Espanya puguin garantir que aquestes persones no queden encallades en territori marroquí, on els seus drets són sistemàticament vulnerats.
4. Són nombroses i reiterades les denúncies d’organitzacions socials i internacionals sobre el tracte rebut pels migrants al Marroc. Específicament, el Comitè Europeu per a la prevenció de la tortura en el seu Informe al Govern espanyol sobre la visita que va fer aquest Comitè a Espanya el 2014 [CPT / inf (2015) 19] va afirmar en el seu apartat 54 que “tenint en compte el risc de maltractaments infligits pels membres de les forces auxiliars marroquines als migrants irregulars, retornats al Marroc, la CPT recomana que les autoritats espanyoles assegurin que cap persona hi sigui lliurada”. Per tant, sent constatable aquesta circumstància per un òrgan del Consell d’Europa, també cal afirmar que el lliurament d’aquestes persones suposa una vulneració del principi de no devolució reconegut en el dret internacional, europeu i nacional.
5. Amb aquesta mesura, l’actual Govern revela quin és realment la seva política migratòria. No només ha mantingut la petició de reenviament a la Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans enfront de la Sentència que considerava contrari al Conveni Europeu de Drets Humans les devolucions en calent, fent seus els arguments de l’anterior govern i contradient les seves crítiques a la figura dels rebuigs en frontera. Ara, buscant una alternativa pretesament jurídica a aquest tipus d’actuacions, intenta implantar una mena de “devolucions en calent en diferit” en què materialment es manté la vulneració de drets fonamentals que sempre han caracteritzat a aquestes actuacions.
Les entitats sotasignants, representatives de molt amplis i diversos sectors de la societat civil, denunciem la fugida cap endavant que representen aquestes devolucions en calent en diferit no només per no respectar les garanties legals exigibles, sinó també perquè suposa un pas més en la política d’externalització de controls que tants costos té en termes de drets humans -a més de les contraprestacions econòmiques i polítiques al Marroc que el Govern hauria desvetllar-. Una política migratòria, en definitiva, que compromet la dignitat moral de la nostra societat i els principis humanistes en què hauria assentar-se, empenyent-nos per la pendent de la barbàrie.
Exigim que el Ministeri de l’Interior faci públic: (i) el nombre d’advocats d’ofici i d’intèrprets que han actuat; (Ii) nombre de funcionaris policials que han actuat com a secretaris i instructors dels diversos procediments; (Iii) activitats desenvolupades per aconseguir la identificació de les persones i mitjans a través dels quals s’ha produït aquesta identificació; (Iv) activitats adreçades a identificar l’existència de situacions d’especial vulnerabilitat (menors d’edat, sol·licitants de protecció internacional i de víctimes de tràfic d’éssers humans) i resultat de les mateixes; (V) llistat de nacionalitats de les persones retornades; i (vi) garanties aportades pel Marroc que no seran sotmesos a maltractaments. Així mateix, sol·licitem als diferents grups polítics que, en la seva tasca de control de la tasca de govern, exigeixin l’esmentada informació.
Finalment exigim una política de control de fronteres basada en el respecte als Drets Humans, una profunda modificació de la llei d’estrangeria que garanteixi vies legals per a la migració regular, l’aprovació del reglament de la llei d’asil que garanteixi l’accés al procediment de asil a consolats, i que es posi fi als acords d’externalització de fronteres amb tercers països que no garanteixen els drets humans ni la protecció de les persones en moviment.
24 d’agost de 2018
Almería Acoge – APDHA – Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Salamanca – Asociación Agar – Asociación Apoyo – Asociación Asdecoba – Asociación Valiente Bangla – ASPM Madrid – Bienvenidxs Refugiadxs Toledo – Caminando fronteras – Campaña CIES No Valencia – Canarias libre de CIES – Caravana abriendo fronteras – Cáritas Española – Centro Pastoral San Carlos Borromeo – Colectiva feminista Moolaadé – Colectivo para la Paz – Convivir sin Racismo – Coordinadora de Barrios – Ecologistas en acción – Elin – Entrepobles-Entrepueblos-Entrepobos-Herriarte – Federación Andalucía Acoge – Federación SOS Racismo – Inmigrapenal – Iridia – Mundo en movimiento. #SickOfWaiting – Obrim Fronteres Castelló – Obrim Fronteres Valencia – Observatorio del Racismo Institucional- RAIN – Observatorio Samba Martine – Ongi Etorri Errefuxiatuak – Pacifistas Ciudad Real – Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca – Plataforma de ayuda a personas refugiadas Elche – PRODEIN – Red Acoge – Red Ciudadana de Acogida de Leganés – Red Española de Inmigración – Red Interlavapies – Red migrantes con derechos – Red Solidaria de Acogida – Senda de cuidados – Sercade – Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) – Tanquem els CIE – Territorio Doméstico – Valencia Acull
Comunicat de denúncia sobre les batudes realitzades al Marroc en aquests dies contra migrants subsaharians
Nosaltres, les organitzacions de defensa dels drets humans i les associacions civils que treballem sobre les migracions, hem constatat en les últimes setmanes, i en diverses ciutats del Marroc (concretament a Fes, Nador, Tetuan i Tànger) violacions flagrants dels drets fonamentals i de les llibertats individuals i col·lectives de persones d’origen subsaharià per les forces de seguretat marroquines, que consisteixen en una campanya generalitzada d’entrada amb violència a casa seva i als locals de les organitzacions que treballen en el seu suport, així com operacions de desmantellament forçat dels campaments, duts a terme per les forces de l’ordre, i arrestos arbitraris seguits d’expulsions col·lectives i el desplaçament massiu cap a les fronteres de l’est i el sud del país.
Aquestes intervencions violentes estan colpejant per igual totes les persones migrants originàries de l’Àfrica subsahariana que es troben en el territori nacional, fins i tot a aquelles que tenen permís de residència (arribant a separar fins i tot infants de les seves mares), i que han vist les seves propietats , els seus documents i els seus diners confiscats i/o destruïts.
Amb aquesta finalitat, nosaltres, les organitzacions de defensa dels Drets Humans i les associacions civils que treballem les migracions:
• Condemnem la violència exercida per les forces de l’ordre de la que han estat víctimes les persones migrants subsaharianes, així com les devolucions, allunyaments i expulsions, que han causat nombroses víctimes entre morts i ferits, en particular sobre els nens i les dones, i sobre les persones migrants en general.
• Denunciem el paper exercit pel Marroc fent de policia de la Unió Europea a la militarització de les seves fronteres, així com la deportació de les persones migrants que es troben al seu territori.
• Fem una crida al govern marroquí perquè respecti els seus compromisos internacionals en matèria de garantia dels Drets Humans Fonamentals.
• Demanem que el Consell Nacional de Drets Humans assumeixi totes les seves responsabilitats i compleixi amb la seva missió, que és la de garantir els drets de les persones migrants subsaharianes i la de oferir-los una vida segura i decent.
• Declarem la nostra absoluta solidaritat amb les seves reivindicacions, alhora que els assegurem que estarem vigilants perquè els siguin reconeguts tots els seus drets i les seves llibertats.
• Exigim que s’atorgui de forma sistemàtica a totes les persones migrants el dret a l’absoluta llibertat de residència i moviments.
La historia de Guatemala es la de la violencia y el terror. Ese pasado –cuando el control del Estado y de la sociedad lo tenían los militares y cualquier expresión de crítica y oposición era minimizado y eliminado a través de la desaparición, la tortura y la muerte–, se mantiene vivo y nos caracteriza como país.
Este fin de semana Juana Raymundo, enfermera y líder comunitaria Ixil de Nebaj, Quiché, integrante de Codeca y del Movimiento de Liberación de los Pueblos, fue asesinada. Su cuerpo apareció a la orilla de un río con señales de tortura. Una dirigente social joven a quien, como si nos encontráramos en las décadas de 1970 o 1980, se la llevó la violencia.
La muerte violenta de Juana Raymundo se suma a la de otros líderes comunitarios y campesinos asesinados durante los últimos meses en diferentes puntos del país: Luis Marroquín, Florencio Pérez, Alejandro Hernández y Francisco Munguía, todos de Codeca; y de Mateo Chaman, José Can Xol y Ramón Choc, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
El asesinato de Juana Raymundo indigna y devela el fortalecimiento de reacciones violentas contra las expresiones sociales locales que exigen un cambio en la estructura económica del país. Actos criminales que son alentados y que también alimentan ese discurso hegemónico que justifica la muerte como opción para resolver conflictos y diferencias con argumentos tan poco humanos como el que afirma que “los matan porque en algo andaban metidos”.
No puede pensarse en delincuencia común como la primera opción en este caso, porque a Juana la mataron en uno de los departamentos con menos violencia en el país. Según la organización Diálogos, Totonicapán, Quiché, Sololá, Alta Verapaz y Huehuetenango son los departamentos que muestran la tasa más baja de homicidios. De hecho, de julio de 2017 a junio de 2018 en Nebaj se reportaron únicamente 3 asesinatos, con una tasa de 2.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. Fue en ese contexto social en donde el cuerpo de Juana fue utilizado por sus asesinos como un papel para enviar un mensaje de terror.
Así, mientras el Ministerio Público no aporte información sobre las causas y los responsables de estas muertes, uno no puede pensar otra cosa más que los asesinatos de estos líderes comunitarios son perpetrados por estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo entre la gente para impedir que se organice, dialogue y emprenda la movilización política y social para alcanzar sus objetivos. Preocupa pensar, además, que puedan operar desde el Estado o bajo el amparo de él.
A Juana, al igual que a sus compañeros de Codeca, la mataron para callarla. Tenía claro cuáles eran las causas de la injusticia social y cuáles son los mecanismos que utiliza esta sociedad para incrementar la desigualdad entre la ciudad y el campo y entre indígenas y ladinos/mestizos para beneficio de una oligarquía corrupta y opulenta.
Además, por ser mujer e indígena, Juana estaba condenada a enfrentar más obstáculos para llevar una vida digna. La oficina del OACNUDH en Guatemala lo reiteró en informe de 2017 sobre la situación de los Derechos Humanos. Este país concentra uno de los peores índices de desarrollo del mundo. Muestra de ello es que el 60 por ciento de la población vive en la pobreza, concentrándose los más altos porcentajes de este flagelo social entre las personas que viven en el campo (ahí el 76.1% de las personas son pobres) y en los pueblos indígenas (79.2%).
Pero Juana, con sus dos décadas de vida, identificó el camino para la liberación de su comunidad y de su pueblo. Le apostó a la organización social y comunitaria para reiterar que las personas como ella, como todas, merecemos llevar una vida digna lejos de la miseria y con oportunidades de trabajo y de desarrollo y con acceso a los servicios sociales y recursos productivos. Dentro de Codeca era una de las encargadas de la formación política de los jóvenes para, tal como lo dijo su organización a la prensa, preparar a muchas Juanas.
Además de la organización social, Juana también le apostó a la vida partidaria porque este Estado, cuya población es diversa, impone una única forma de acceso a los puestos de poder público. Ella fue electa como integrante del comité ejecutivo municipal del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que pretende ser una opción partidaria organizada, desde la vivencia y conocimientos locales, en el proceso electoral de 2019.
Con estas características Juana sintetizaba el peligro para este sistema de exclusiones que se resiste a morir y que nuevamente echa mano, ya no solo de la criminalización de los liderazgos comunitarios a través del sistema de justicia, sino también de la violencia para desaparecerlos.
Juana Raymundo es ya un símbolo, no del martirio porque la organización social le apuesta a la vida, sino de la juventud que necesita este país. Por ello es imprescindible que el MP dé respuestas sobre su asesinato y el de los otros dirigentes campesinos, porque mantenerlos en la impunidad sólo alienta la violencia y establece la represión y la persecución política como prácticas normalizadas.
“Cuando nos organizamos a defender derechos, porque eso es parte del compromiso cristiano porque Jesús lo hizo y por eso lo crucificaron, es cuando nos persiguen”, expresó Thelma Cabrera, dirigente de Codeca, durante el entierro de uno de los líderes campesinos asesinados. La organización es, precisamente, lo que pretende impedir el sistema cuando activa la violencia. Pero reconocernos, dialogar, ponernos de acuerdo y emprender el cambio es lo que permitirá modificar esta indignante realidad.
Lolita Chávez denuncia asesinato de Juana Raimundo, defensora de Derechos Humanos
GESTIONAR EL CONSENTIMIENTO DE COOKIES
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las galletas para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como por ejemplo el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este lugar. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones. POLÍTICA DE PRIVACIDAD / AVISO LEGAL / POLÍTICA DE COOKIESAceptarNoPolítica de privacidad
