Entrevista a Emilia Salazar, de Demus Perú
Hablamos sobre la crisis política y social de Perú con la socióloga feminista Emilia Salazar, que forma parte del equipo de Demus, una de nuestras organizaciones hermanas en el país andino, todo un referente en la lucha por los derechos de las mujeres. Emilia asistió recientemente en Ginebra al Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, que evaluó a Estado peruano en materia de derechos humanos.
Pregunta. ¿Cómo estáis viviendo desde Demus la actual crisis política y social?
Lo que está ocurriendo en Perú es un estallido social. Como respuesta hay una represión estatal violenta e inédita, no vista desde hace décadas. Las principales demandas son la renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia y la salida del Congreso, nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente.
El Ejecutivo, el Congreso, la Policía y las fuerzas militares están cumpliendo un papel bastante represor e indolente en el país. Solo para relatar algunas de las masacres, el 15 de diciembre del 2022 en la región de Ayacucho, 10 personas fueron víctimas fatales de la violencia desproporcionada del Ejército en los alrededores del aeropuerto de la ciudad de Huamanga. Y el 9 de enero de este año, en la ciudad de Juliaca (Puno), la Policía asesinó a 18 personas en cuestión de horas. En las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad y Lima la represión también ha sido feroz e indiscriminada. Las víctimas fatales presentan impactos de bala, perdigones y bombas lacrimógenas en la cabeza y el torso superior del cuerpo. En total, hay más de 60 personas muertas y más de 1200 personas heridas.
Por otro lado, las detenciones arbitrarias son el nunca acabar. No permiten el ingreso de abogados, de la Defensoría del Pueblo, ni de representantes de organizaciones de derechos humanos a las comisarías hasta horas después de las intervenciones policiales. La gran parte de detenidas y detenidos son ciudadanos de las regiones, comunidades andinas y dirigentes comunales que han llegado a Lima, pero también se viene interviniendo a periodistas y personas que tratan de brindar ayuda a las delegaciones regionales que se encuentran en Lima para ejercer su derecho a la protesta.
Lo que ocurrió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue la gota que colmó el vaso. El 20 de enero, en un claro abuso policial se intervino sin presencia de la Fiscalía, con tanquetas y haciendo uso indiscriminado de la fuerza detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas. La mayoría de detenidos fueron campesinas y campesinos, dirigentes de pueblos indígenas, personas quechuahablantes y estudiantes universitarios. Se pueden ver en internet los videos del trato humillante y denigrante que hubo en dicha intervención.
“Llamar terroristas, violentistas o subversivos a quienes están saliendo a las calles –o a quienes se pronuncian en las redes sociales- se está convirtiendo en una cuestión cotidiana”.
A todo esto, se suma el terruqueo por parte de las propias autoridades y los medios de comunicación hegemónicos. Llamar terroristas, violentistas o subversivos a quienes están saliendo a las calles –o a quienes se pronuncian en las redes sociales- se está convirtiendo en una cuestión cotidiana. Los discursos de odio y discriminatorios es la base de la doctrina política que están construyendo y afianzando las élites de poder para deslegitimar cualquier reclamo, protesta o idea que cuestione la desigualdad en el Perú. Esta estigmatización y criminalización tiene raíces profundamente racistas y clasistas. No es difícil ver de dónde viene el terruqueo y a quiénes está dirigido.
P. ¿Cuál creéis que debería ser la salida a esta crisis?
La historia en el Perú se está repitiendo en cuanto a la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como entre los años 1980 y 2000. No se garantiza el derecho a la justicia ni reparaciones integrales con los crímenes cometidos en estas últimas semanas, así como con los casos emblemáticos de violencia sexual durante el conflicto armado y las esterilizaciones forzadas.
Desde Demus nos estamos pronunciando de manera constante sobre la situación político y social del país; creemos que actualmente no hay nada parecido a la democracia y denunciamos la comisión de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad sexual y la libertad de expresión.
Es difícil hablar de una salida inmediata por las condiciones actuales, al corto plazo te diría que la renuncia de Dina Boluarte, la convocatoria de nuevas elecciones y una reforma policial.
P. ¿Cómo valoráis la reacción de la comunidad internacional y de los países de la ONU tras la reunión que habéis mantenido en Ginebra?
La comunidad internacional parece tener una mejor lectura y estar más conectada de lo que viene ocurriendo. Hablo de los gobiernos y hasta de la prensa porque los medios de comunicación internacionales han cubierto con mayor objetividad. ¿Cómo se puede defender a un régimen que tiene más de 60 muertos encima, cientos de heridos y detenidos? Es imposible.
En la sesión 42 del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas se examinó al Estado peruano en materia de derechos humanos y varios países de Europa y Latinoamérica manifestaron su preocupación por el estallido social en Perú y lamentaron las muertes. Estos países fueron Noruega, Rusia, Reino Unido, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Francia, Paraguay, Polonia, Suiza, Venezuela y Costa Rica. Han condenado los abusos cometidos por la policía y las fuerzas armadas e invocaron a frenar la violencia. Incluso recomendaron respetar el derecho a la protesta y proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos, investigar casos de vulneración de derechos humanos durante las manifestaciones, proporcionar medidas que contrarresten las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza, generar condiciones adecuadas para un diálogo respetuoso y constructivo, y juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos ante tribunales civiles.
Ojalá que esa línea se mantenga porque la situación en Perú es insostenible. El Ejecutivo y el Congreso creen que viven en el mundo de las maravillas. Nunca antes vi una desconexión como esa. Es un régimen que ha perdido toda legitimidad. No puede haber más muertos y heridos. La respuesta política no puede ser seguir disparando y detener arbitrariamente.
“Somos un país con una subjetividad e imaginarios sociales muy coloniales y racistas”
P. ¿Cuáles son los principales problemas sociales y económicos que subyacen a esta crisis?
Las problemáticas sociales están muy ligadas al estallido social actual. Las regiones donde se vienen llevando a cabo las protestas son las regiones con mayores índices de pobreza y desigualdad en el país. Eso no es casualidad. En el área rural, un 39.7% de la población es pobre. Solo en la sierra rural se estima que un 44.3% de su población está afectada por la pobreza.
El extractivismo también golpea duro a las regiones. Por ejemplo, en Cusco un estudio realizado entre 2018 y 2020 por Amnistía Internacional, en colaboración con la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, confirmó que los habitantes de 11 comunidades quechuas de la provincia Espinar ubicados dentro del área de influencia de un proyecto minero, están expuestos a metales pesados. Por otro lado, Cusco es la región que provee de gas natural al país desde hace varios años e increíblemente las cuzqueñas y cusqueños aún no cuentan con el servicio de conexión de gas natural en sus casas.
“Cusco es la región que provee de gas natural al país desde hace varios años e increíblemente las cuzqueñas y cusqueños aún no cuentan con el servicio de conexión de gas natural en sus casas”.
El racismo y la discriminación también es una problemática social muy arraigada en Perú. Somos un país con una subjetividad e imaginarios sociales muy coloniales y racistas. En la actual crisis se ha agudizado y está muy ligada a la estigmatización y terruqueo de quienes protestan. A pesar de este panorama hay algunas voces que confrontan estos discursos de odio, como la de Kelyn Leonela Labra Panocca -presidenta de la Federación Universitaria del Cusco- quien sostiene que ya no se puede implantar el miedo a los campesinos llamándoles terroristas.
P. ¿Está viviendo Perú un retroceso similar al de Europa o Centroamérica respecto a los leves avances que se habían logrado en materia de igualdad de género?
En Perú estamos viviendo un retroceso en relación a la igualdad de género y los derechos de la diversidad de las mujeres incluso antes del estallido social. Se han venido presentando iniciativas legislativas que afectarían directamente el acceso al aborto terapéutico, la educación sexual integral y busca eliminar el enfoque de género y derechos humanos en algunas políticas públicas.
Desde hace varios años tenemos una composición mayoritaria conservadora y antiderechos en el Congreso. Lo que nos ha correspondido es resistir para que no nos quiten lo que hemos logrado en los últimos años.
Montse Barba, Comunicación Entrepueblos
